España cuenta con más de 3,5 millones de personas (casi un 9% de la población total) con algún tipo de discapacidad, de las que tan sólo un 29% están ocupadas, según el Informe Equipara 2008.

Una cifra, ésta última, por debajo de la exigencia que establece el artículo 38 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), que obliga a todas las empresas públicas y privadas con plantilla igual o superior a 50 trabajadores a tener, al menos, un 5% o un 2%, respectivamente, de personas trabajadoras con discapacidad. “No es necesario que las empresas cumplan con la cuota del 2% en cada uno de sus centros. Basta con que exista ese porcentaje de trabajadores con discapacidad, tanto concentrados en un solo centro de trabajo como repartidos en varios”, subraya el informe de la Fundación Equipara.

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