La sociedad va asimilando poco a poco la participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos y, lógicamente, el entorno laboral no podía ser menos. Su paulatina integración a diferentes puestos de trabajo sólo es el preámbulo al salto a la creación de empresa. En este reportaje recogemos el ejemplo de unos pioneros que dejan claro que tener una discapacidad no supone, ni mucho menos, una incapacidad. Quizá pueda afectar a algunos planos de sus vidas, pero desde luego no al terreno laboral.

Pero, ¿en qué situación se encuentran aquellas personas con alguna discapacidad a la hora de montar un negocio en España? Según Alberto Durán, vicepresidente primero ejecutivo de la Fundación ONCE y vicepresidente de la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES), “en líneas generales, no difiere de la del resto de emprendedores; si bien es cierto que existen servicios especializados en el apoyo y asesoramiento a personas con discapacidad para iniciar su actividad empresarial”.

Lluís Torra, secretario general de Equipara!, fundación promovida por Mutua Intercomarcal, coincide en que “la situación ha mejorado en los últimos años”, aunque, si se trata de emprender, reclama un “cambio de mentalidad cultural”.

Los principales escollos
Durán señala que “son tres los obstáculos con los que suelen enfrentarse los emprendedores con discapacidad: la carencia de una formación básica en gestión empresarial, unos limitados recursos económicos y la complejidad de los trámites administrativos y legales”.

El representante de CEPES y Fundación ONCE considera que para mejorar esta situación, “se debería impulsar y ampliar los programas de asesoramiento, apoyo y tutorización, disponer de líneas específicas de financiación, simplificar los trámites administrativos y legales y establecer ventanillas especializadas en personas con discapacidad”.

Sebastián Reyna, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), señala “la especial dificultad de acceso a la asistencia técnica antes de poner en marcha la actividad y durante, al menos, el primer año de vida de la nueva empresa. Confeccionar un buen plan de empresa y hacer un seguimiento estricto del mismo es imprescindible para cualquier emprendedor, pero en especial para aquellos colectivos, como los discapacitados, que necesitan más ayuda y protección”.

¿Qué hay que mejorar?
Aunque se ha progresado, hay aspectos que habría que revisar para lograr una igualdad real de las personas con discapacidad que deseen emprender:

Vuelva Vd. mañana. Las trabas administrativas se agravan para este colectivo. Reyna señala que, junto a las que se encuentran el resto de los ciudadanos, “se suman las dificultades añadidas de la discapacidad. Sería necesario mejorar los sistemas telemáticos de registro, declaraciones y otras obligaciones, para evitar desplazamientos físicos innecesarios y esperas injustificadas”.

Fuera victimismos. “Hay una triple labor que hacer: explicar a la población la posibilidad que tenemos todos, con o sin discapacidad, para trabajar; hacer que los empresarios se lo tomen con mayor naturalidad; y, por último, las personas con discapacidad tienen que prepararse bien para que nadie diga que, por sus circunstancias, no pueden ser buenos profesionales”, señala Albert Font.

Aumentar la coordinación. Lluís Torra lamenta cierta descoordinación entre las distintas asociaciones existentes. “Continúa habiendo en España alrededor de 3.500 asociaciones de personas con discapacidad, cada una con una dedicación exclusiva a una discapacidad y, generalmente, circunscrita a un ámbito territorial. Hacen muy bien su trabajo pero, a la larga, no se traduce en cambios importantes porque no van más allá de su propia parcela. El sector debería potenciar salidas para los emprendedores. Falta creérselo, pero hay una responsabilidad compartida entre la Administración pública y el propio colectivo. Es necesario que haya una mayor coordinación, pararse a pensar en qué estamos fallando. La Administración lo entenderá cuanto el sector le dé pistas”, indica.

Políticas para favorecer la igualdad
La paulatina sensibilización de la sociedad sobre la necesidad de redoblar los esfuerzos con el fin de conseguir una igualdad efectiva de las personas con discapacidad ha llevado al desarrollo de una serie de medidas para potenciar las posibilidades a la hora de tomar su camino laboral y empresarial. Éstos son algunos de los avances más recientes:

Estatuto del Trabajo Autónomo. El secretario general de UPTA reconoce que “los derechos de las personas discapacitadas que ejercen actividades económicas por cuenta propia han conocido una fuerte mejora con la aprobación del nuevo Estatuto. Así, en su artículo 4 se recoge el principio de que los trabajadores no podrán ser discriminados por razón de discapacidad”. Además, el artículo 27.3 señala, respecto al fomento del trabajo autónomo, que “se prestará especial atención a los colectivos de personas desfavorecidas o no suficientemente representadas, entre los cuales las personas con discapacidad ocupan un lugar preferente”.

Por último, el Estatuto también prevé reducciones y bonificaciones en las cotizaciones para este colectivo en su Disposición adicional segunda.

Bonificación en el alta del RETA. En 2006 se aprobó una ley que estableció una bonificación del 50% de la cuota social durante los cinco años siguientes a la fecha de efectos del alta para aquellas personas con discapacidad que causen alta inicial en el RETA .

Programa de fomento del empleo autónomo. Desarrollado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, hace especial hincapié en el apoyo a los desempleados con mayores dificultades de inserción en el mercado de trabajo, jóvenes, mujeres y discapacitados, que se autoempleen. Así, se puede solicitar subvención por el establecimiento como trabajador autónomo o por cuenta propia (hasta 8.000 euros para desempleados con discapacidad –10.000 euros en caso de ser mujeres–), siempre que para desarrollar la actividad se efectúe una inversión superior a 5.000 euros entre los tres meses anteriores al inicio y los seis meses siguientes; y subvención financiera (con las mismas cantidades que la anterior).

Para beneficiarse de ella, hay que realizar una inversión en inmovilizado fijo superior a 5.000 euros y el préstamo se deberá destinar, al menos en un 75%, a financiar inversiones en inmovilizado fijo. Sin olvidar las subvenciones para asistencia técnica y formación.