La Ley de Emprendedores, “atascada” en Hacienda durante casi un año, por fin se ha hecho realidad el pasado 23 de febrero, con la publicación en el BOE del Real Decreto que la regula.
Uno de los principales objetivos de esta ley será acabar con la falta de liquidez causada por la morosidad de la administración y de las empresas en general. Los impagos, provocaron en 2012 el cierre de 500.000 negocios (200.000 pymes y 300.000 autónomos). Una tercera parte de ellas debido tanto a retrasos en los pagos por parte de las administraciones públicas como de empresas privadas. En un principio, el Gobierno anunció una medida muy tímida, que beneficiaría a muy pocas empresas: las pymes de menos de cinco empleados no pagarían el IVA hasta cobrar las facturas con las administraciones. Quedaban fuera las empresas mayores y las facturas entre empresas. Ahora, el Gobierno se compromete a ampliar esta medida a todas las empresas que facturen menos de dos millones de euros y calcula que la medida beneficiará a 1.300.000 autónomos y un millón de pymes a partir de 2014. Cubre así una de las principales reivindicaciones de los pequeños empresarios, aunque desde Cepyme piden que se amplíe el límite de facturación hasta seis millones de euros, para que se puedan beneficiar el 98% de las pymes.
La otra reivindicación fundamental de los emprendedores ha sido el acceso a la financiación, que el Gobierno intentará aliviar con la creación de un fondo de 32.000 millones de euros para facilitar el crédito a pymes y autónomos. Se creará también un sistema público de avales por valor de 1.720 euros.
Fomento del empleo
Otra buena parte de las medidas contempladas en esta ley por el Gobierno se incluyen dentro del Plan de Empleo Joven, que depende del Fondo Social Europeo. Al Gobierno no le costarán nada y afectarán a muy pocos emprendedores: como la tarifa plana de 50 euros para la cuota de nuevos autónomos durante seis meses sólo para menores de 30 años. Para los mayores, nada.
