Cambiar para que todo siga igual

Los expertos consideran que todo seguirá como hasta ahora. El veredicto generalizado es éste: la reforma laboral apunta a los problemas, pero los deja a medio resolver.

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El Gobierno ha desistido de pagar los ocho días de indemnización en los despidos improcedentes.

Ampliación de los supuestos de despido por causas objetivas

Aún cuando la ley ya permitía los despidos procedentes (20 días de indemnización por año trabajado), siempre que la empresa demostrara pérdidas económicas, este modelo de extinción apenas se ha utilizado debido a su desestimación masiva por los jueces. “El 90% de estos despidos se ha considerado improcedente, lo que ha obligado a las empresas a acudir al despido improcedente y pagar 45 días”, asegura Sandalio Gómez.
Mientras antes se exigía que la empresa llevara en pérdidas un tiempo sustancial, ahora basta con que demuestre “pérdidas actuales o previstas” o “la disminución persistente del nivel de ingresos”. La meta es reducir la discreccionalidad de los jueces y que los despidos se aprueben en los juzgados laborales.

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Pago parcial del despido por parte del Estado

Otra novedad ya desmantelada a menos de un año de su aprobación, ha sido el pago parcial del despido por el Estado. La norma estableció que el Estado se hiciera cargo de parte de la indemnización (ocho días) en el caso de despidos improcedentes. El procedimiento, que haría más llevadero el despido para las empresas, ha caído debido a la presión de los sindicatos y a la falta de financiación. El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, lo aclara: “No es de recibo subvencionar una decisión que un juez ha declarado no ajustada a derecho”.

Reducción de jornada y fondo de capitalización

La reforma ha establecido también la reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, de modo temporal y entre un 10% y un 70% de la jornada de trabajo, el llamado modelo alemán, con derecho a la prestación de desempleo por las horas o días que los afectados dejen de trabajar en virtud de estos cambios. La posible creación de un fondo de capitalización para contratos indefinidos, que debería entrar en vigor el 1 de enero del 2012 –el llamado modelo austriaco–, no parece que vaya a concretarse ya que tendría que ser pagado a través de un aumento de las cotizaciones de los empresarios, algo absolutamente desaconsejado: las empresas pedían justo lo contrario: reducirlas.

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