Los pilares normativos

El pasado mes de julio, el Partido Popular presentó en el Congreso la proposición de Ley de Apoyo a los Emprendedores. Hemos hablado con varios expertos para recoger sus ideas y escribir una especie de carta a los Reyes Magos con algunas de sus sugerencias.

4. Sequía de financiación. Pinta en oros

Como apunta Xavier Vallhonrat desde la AEF, “tú puedes ayudar al emprendedor con todas las leyes del mundo, pero si al final resulta que para ponerse en marcha necesita 30.000 euros más de los que tiene y no se los van a dar porque es un emprendedor y el banco no está comprometido con eso, entonces el problema persiste”. Para Camilo Abiétar, presidente de la Federación de Organizaciones de Profesionales, Autónomos y Emprendedores (OPA), el tema de “la financiación es difícil de recoger dentro de una ley, porque las ayudas concretas del ICO difícilmente se pueden plasmar en la ley, puesto que al final hay que recurrir a entidades financieras, bancos y cajas, y al ser empresas privadas los créditos tienen que concederse con acuerdo a las condiciones que les ponga esa entidad”. No obstante, Iñaki Ortega añade que “lo que pretende la proposición de ley es abrir el debate a otras formas de financiación que no sean vías bancos. Entonces se establecen beneficios para las sociedades de capital riesgo o business angels o incluso para que empresas de la administración inviertan en emprendedores”.

Está claro que dar un empujón económico a emprendedores cuando el sistema cada día puede dar menos, no es tarea fácil. Sin embargo, “se puede ayudar al emprendedor obligando a establecer a los bancos y las cajas nuevas líneas financieras concretas para la pymes y autónomos, y más cuando se le está dando dinero público. Ahí es donde se tienen que poner medidas encima de la mesa”, propone Emilio Abel de la Cruz. Para Lorenzo Amor, “lo primero que hay que hacer es solucionar la institución ICO”, ya que “hay que apostar por unas líneas de ayuda financiera que se adecuen a las necesidades reales que tienen los emprendedores. Hablamos de créditos que no suelen superar los 24.000 euros”.

5. Educación y formación. Enseñar a emprender

Como destaca Iñaki Ortega, “hay que promover el emprendimiento en la universidad y en los primeros años de enseñanza. Es necesario que, con independencia de la especialidad en la educación superior o en la Formación Profesional, exista una asignatura sobre creación de empresa. Porque da igual que estudies una ingeniería, electrónica o educación artística. En todas y cada una de ellas vas a necesitar saber hacer un plan de empresa, ya que el empleo se va a tener que conseguir por cuenta propia dadas las dificultades de contratación laboral que ofrece el mercado español. Lo que no tiene ningún sentido es que haya más funcionarios que autónomos”. Además de los estudiantes, Abiétar considera esencial establecer un sistema de formación para los trabajadores autónomos. “Hemos solicitado que se creen subprogramas del Plan Avanza, planes que sean específicos para autónomos, pero con arreglo a la demanda que tenemos dentro del colectivo. Por ejemplo, se necesita formación en contabilidad, gestión empresarial y, sobre todo, en las nuevas tecnologías, porque entre los autónomos hay un porcentaje muy elevado que todavía no utiliza las nuevas tecnologías”, puntualiza.

6. Morosidad. Con la ley en la mano

En relación a los problemas derivados del impago de algunas Administraciones a pymes y autónomos, Lorenzo Amor propone un régimen sancionador porque “cuando un autónomo no paga una multa, le embargan su casa. Y cualquier administrador de una Administración pública tiene que saber también que si no paga, alguna responsabilidad debe asumir”.

Abiétar advierte que quien puso la ley puso la trampa. “Ahora mismo los autónomos son, sobre todo, en el ámbito rural y en los pueblos más pequeños. La mayoría de las empresas que realizan trabajos para los ayuntamientos son autónomos de esa misma localidad. Entonces ahí chocamos con un muro, porque si tu vas al ayuntamiento y dices: “Me debes estas facturas, o me las pagas o voy a tener que reclamar judicialmente”, dicen: “Vale, reclámala judicialmente, pero ya te has despedido de trabajar para este ayuntamiento”. Para Ortega, la solución pasa por “cumplir las leyes que están en vigor y que establecen unos periodos de pago que se incumplen sistemáticamente. Lo que hay que hacer es establecer medidas para garantizar su cumplimiento e incluir sanciones para las Administraciones que nos las cumplan”. Alejandro Palacios considera conveniente incluso “que se tenga alguna garantía de pago final mediante la articulación de algún tipo de garantía bancaria o acción similar que acredite que efectivamente se va a cobrar”. Y sugiere la creación de “alguna entidad por parte de la Administración que garantice el pago”.

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