Autónomos: cuáles son los ayuntamientos y comunidades que más tardan en pagar sus facturas

A pesar de que la morosidad de las Administraciones Públicas mejora, tanto los Ayuntamientos, como los Gobiernos autonómicos y el central están lejos aún de cumplir con los 30 días prescritos para el pago de las facturas a sus proveedores.

Autónomos y morosidad
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Aunque todos incumplen, los Ayuntamientos duplican el plazo legal de pago. Salvo excepciones, la Ley de Morosidad establece a las Administraciones el plazo máximo de 30 días para el pago de las facturas de sus proveedores a partir del momento en el que el cliente recibe los productos o los servicios contratados. Sin embargo desde la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, se lamenta que se sigan incumpliendo los plazos.

“A pesar de que la morosidad de las Administraciones Públicas ha mejorado con respecto a años anteriores, desgraciadamente todavía seguimos viendo cómo tanto administraciones locales, como autonómicas, como la central siguen pagando por encima de los 30 días, algo que es un incumplimiento de la ley. No se puede exigir a los ciudadanos cumplir la ley y que las propias administraciones no las cumplan”, declaraba Lorenzo Amor, presidente de ATA, tras dar a conocer los resultados del informe realizado sobre los periodos medios de pago correspondiente al primer semestre de 2019.

Conforme a éste, la media de pago de una factura a fecha del último mes de julio era de 37 días en el caso de la Administración Central, 35 en las administraciones autonómicas y 65 en las locales. Los casos más sangrientos en éste último supuesto corresponden a los Ayuntamientos de Jaén, con plazos de pago de 542 días, seguido por el municipio gaditano de Jerez de la Frontera, con 320 días. En el lado opuesto estarían corporaciones municipales como las de Zamora, con 9 días, o Lugo y Roquetas de Mar, con 11 días.

Las autonómicas

En lo que respecta a las Comunidades Autónomas, las que salen peor paradas son, por este orden: Cantabria, donde la media de espera para cobrar las facturas es de 56 días, seguida por la Comunidad Valenciana (51 días) y Baleares (45 días). En el caso de Cantabria hay que decir que, aunque sigue encabezando el ranking, ha hecho un gran esfuerzo por acortar los plazos dado que la media de espera en el primer trimestre del año era de 90 días. Galicia (18 días), Andalucía (20 días) y País Vasco (21) son las comunidades más tempranas en el pago.

Ya por diputaciones provinciales, la de Cuenca, “destaca por su celeridad a la hora de pagar los trabajos realizados por los autónomos y lo hace en una media de 7 días. Por debajo de los 10 días pagan también las diputaciones de Teruel y Toledo, que hacen frente a las facturas que les presentan los autónomos en una media de 8 días y la diputación de Castellón que lo hace en una media de 9 días”, recoge el informe. En el lado contrario aparece la diputación de Valencia que es la que más tarde paga de toda España, con una media de 53 días de espera para el cobro.

El pago entre empresas: cuanto más grandes, peor

El informe de ATA contiene un segundo apartado en el que se analiza la morosidad entre empresas privadas, B2B, cuya media general se establece en 68 días, 3 días menos que los 71 que arrojaban los resultados correspondientes al primer trimestre del año y 8 días más de los que fija la Ley de Morosidad. Según esta, las empresas y los autónomos pueden firmar un contrato con sus clientes que amplíe el plazo de los 30 días a 60, pero nunca podrá sobrepasar ese tiempo.

Llama, sin embargo, la atención el hecho de que sean las grandes empresas, aquellas que cuentan con una plantilla de entre 250 y 1000 empleados y las de más de 1000 empleados, las que más tardan en satisfacer las deudas de sus proveedores (99 días de media de espera y 105, respectivamente).

Son los autónomos sin empleados a su cargo y aquellas pequeñas empresas (hasta 9 trabajadores o de 9 a 50 trabajadores) las que antes pagan a sus proveedores. “Según va escalando el tamaño de empresa, van empeorando los periodos medios de pago”.

Conforme a estos resultados, Lorenzo Amor, sostiene que “la morosidad es uno de los principales problemas que sufren los autónomos y que frenan en seco su continuidad y consolidación”. Por ello, desde la Federación “seguimos reclamando un régimen sancionador para aquellas Administraciones Públicas que no cumplen la ley. Lo mismo que a un ciudadano cuando no paga sus impuestos o sus cotizaciones en tiempo y forma se les sanciona”.

Qué hacer

Al margen del perjuicio económico que supone para cualquier autónomo la demora en el cobro de las facturas, cabe recordar que, si llegado el vencimiento del plazo, la Administración no ha hecho efectiva su deuda, incurrirá en mora con el consecuente derecho a reclamar la deuda además de los intereses de demora y gastos de gestión de cobro.

El interés de demora que se aplica en estos casos es el llamado de “operaciones comerciales”, siempre que no se haya pactado otro. Actualmente está fijado en el 8%. El interés de demora se puede reclamar desde el momento en que la administración incumpla el plazo de pago. No obstante, es imprescindible haber presentado antes la factura ante el registro administrativo correspondiente. La indemnización por los costes de cobro tendrá un mínimo de 40 euros, pudiéndose reclamar una cantidad mayor en caso de ser así.

La ley también obliga al proveedor a que envíe la factura o “solicitud de pago equivalente” a su cliente antes de que se cumplan los 30 días desde la recepción de la mercancía o la prestación del servicio. Recordar también que el plazo estipulado para reclamar una deuda es en 5 años de manera que, transcurrido este tiempo, se pierde del derecho.

Una vez efectuada la reclamación previa de la deuda así como de los intereses de demora y los gastos en los que hayamos incurrido, la Administración dispone de un mes para resolver. En caso de que no haya ninguna respuesta, el acreedor puede acudir a los tribunales de Justicia. Primero, se reclama judicialmente en el plazo de dos meses, que empiezan a contar desde que venció el mes que tenía la administración para contestar a la reclamación.

Si pasado este plazo no han procedido a su abono, ni tampoco han resuelto, se deberá entender desestimada por silencio negativo, comenzando entonces y desde ese momento el plazo de dos meses para interponer recurso contencioso administrativo antes los Juzgados y Tribunales, en solicitud de las cantidades mencionadas.

Se endurece la ley

Por último, en la plataforma para el cobro de morosos Icired recuerdan que la Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales , que se encuentra en fase final de tramitación, “prevé sanciones de hasta un millón de euros para quienes superen los 60 días de tope en el abono de sus facturas a proveedores, debiendo el moroso además de abonar la citada sanción, pagar a su acreedor la deuda más los intereses de demora y la indemnización por coste de cobro que corresponda. De no producirse cambios de última hora, serán las comunidades autónomas quienes dispongan de las competencias para sancionar a los deudores.

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