Autónomos: una forma de conseguir la cancelación de tu deuda

Son varios los motivos por los que un autónomo, como cualquier otra empresa, puede entrar en quiebra. Ante dicha situación de insolvencia también los autónomos pueden acogerse al concurso de acreedores y, dentro de este, la Ley de la Segunda Oportunidad que podría concluir con la cancelación de la deuda.

 
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Un concurso de acreedores es un procedimiento legal que se origina cuando una persona física o jurídica deviene en una situación de insolvencia en la que no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda. El concurso de acreedores abarca las situaciones de quiebra y la de suspensión de pagos. La finalidad de esta fórmula jurídica tiene como finalidad garantizar la continuidad del negocio y asegurar el cobro de las deudas por parte de los acreedores. Para que se inicie es necesario que lo solicite el deudor (voluntario) o alguno de los acreedores (necesario), y que el juez lo admita. Mientras no exista una decisión judicial, la empresa puede seguir funcionando.

El procedimiento habitual es que el juez nombre a un administrador concursal, que es la persona que se encargará de negociar la deuda con los proveedores, con el objetivo de alcanzar acuerdos para poder pagar en el mejor plazo posible y acordar reducciones de la cantidad adeudada, en lo que se conoce como una quita. Según la plataforma online Reclamador, el deudor deberá demostrar antes que el estado de insolvencia es actual o inminente. Gracias a ello, podrá ejecutar una quita del 50% de los créditos clasificados como ordinarios”. Asimismo, la ley entiende que se encuentra en situación de insolvencia inminente el deudor que prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente con sus obligaciones. “Si se llegara a esta situación financiera, el ordenamiento jurídico prevé este mecanismo (el concurso de acreedores) para satisfacer el mayor número de deudas posibles y asegurar que ningún acreedor reciba un trato arbitrario de favor en perjuicio de otros acreedores”, señalan en Reclamador.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes al cuarto trimestre de 2019, el número de deudores concursados en España alcanzó la cifra de 1.979, 14,6% más respecto al mismo periodo del año anterior. De éstos, 1.280 son empresas (personas físicas con actividad empresarial y personas jurídicas) y 699 personas físicas sin actividad empresarial, lo que supone el 64,7% y el 35,3%, respectivamente. En el conjunto anual, el número de deudores concursados aumentó un 3,1% y, según la forma jurídica, 80,6% de las empresas concursadas fueron Sociedades de Responsabilidad Limitada.

La Ley de la Segunda Oportunidad para los autónomos

Pero, ¿qué pasa con los autónomos? Según un análisis realizado por la plataforma de abogados Reclama Por Mí, el 58% de los afectados por el concurso de acreedores son trabajadores autónomos que tras un fracaso empresarial, deben dinero a Hacienda o a la Seguridad Social. “Una de las causas que se da en la mayoría de los casos es el fracaso empresarial. Por este motivo, ante una situación complicada de falta de liquidez y tesorería en su negocio, la Seguridad Social o la Agencia Tributaria se convierten en sus mayores deudores. Los autónomos están obligados al ingreso de cuotas y demás recursos de financiación del Sistema de la Seguridad Social durante el periodo voluntario de pago. En caso de no hacer frente a sus deudas a tiempo se inicia automáticamente la vía ejecutiva que implica recargos e intereses”.

Al finalizar un concurso por liquidación, el autónomo deberá asumir las deudas. No obstante, existe la posibilidad de acogerse a la ley de Segunda Oportunidad que permite “obtener el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho”. La Ley de la Segunda Oportunidad, publicada 29 de julio de 2015, está dirigida a personas particulares y autónomos con deudas que no pueden saldar y puede tener, como consecuencia final, la cancelación de la deuda.

Requisitos

Según explica Javier Moyano, CEO de Reclama Por Mí, “para poder entrar en concurso de acreedores, los autónomos necesitan demostrar que no pueden pagar sus deudas (debe poder demostrar que se han liquidado todos sus bienes o patrimonio en el concurso y que no puede hacer frente a las exigencias de los deudores. Es decir, el autónomo no puede tener ni dinero ni activos. Si no, significaría que aún puede pagar)”.

Asimismo, las deudas totales de los autónomos deben ser inferiores a 5 millones de euros.

Por otra parte, el autónomo debe acreditar que ha procedido de buena fe. Por norma general se considera que ha obrado de buena fe cuando:

-Ha negociado o intentado lograr un acuerdo sobre la deuda antes de iniciar el concurso.

-No ha provocado de forma voluntaria su situación de insolvencia para entrar en concurso de acreedores.

-No haya cometido delitos de tipo económico de ningún tipo.

-No haya rechazado dentro de los 4 años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo "adecuada a su capacidad”.

-Ha aceptado expresamente que se incluya en el registro público concursal durante 5 años.

El proceso extrajudicial

La Ley permite, pues, renegociar la forma en que se abonarán las deudas para que la persona afectada pueda hacer frente a sus gastos. Le negociación del pago realiza tanto en el concurso de acreedores como con la Ley de la Segunda Oportunidad. Sin embargo, Ana Isabel García, abogado de Repara tu deuda, explica cuáles son las diferencias principales.

Antes de ir a un juzgado, la Ley de la Segunda Oportunidad te obliga a iniciar un procedimiento extrajudicial que se tramitará bien en el Registro Mercantil, bien en la Cámara de Comercio en aquellas poblaciones que dispongan de dicha institución. En ambos casos, se asignará un mediador concursal extraído de una lista para garantizar la mayor objetividad posible.

El autónomo, como deudor, deberá plantear un plan de pago (con una quita de deuda si fuera preciso) en términos tales como: 'mis ingresos son estos, mis gastos necesarios estos otros y con el sobrante propongo pagar X de tal manera'. Si los acreedores aceptan el plan de pagos propuesto, el acuerdo se eleva a público y, por así decirlo, se cierra el caso como una especie de concurso de acreedores, pero en plan “amistoso”.

En el supuesto de que los acreedores no acepten la propuesta del deudor, entonces es cuando se recurre a la vía judicial para solicitar el concurso de acreedores propiamente dicho y que es el que decidirá la posible cancelación. Advertir también que, obviamente, esta no se concede de manera automática, dado que el acreedor deberá demostrar haber agotado antes la vía extrajudicial y haber adoptado todas las medidas posibles a su alcance para saldar la deuda y cumplir con todo lo establecido en el artículo 178bis de la Ley de la Segunda Oportunidad referente al ‘Beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho’.

Novedades en torno a la deuda pública

No obstante, aunque un juzgado apruebe la cancelación de la deuda, debes tener en cuenta que la medida solo atañe a los acreedores que no sean públicos. Es decir, que si tu deuda es con Hacienda, la Seguridad Social o los Ayuntamientos, esta sigue vigente.

Así era al menos hasta el mes de julio de 2019, cuando una sentencia del Tribunal Supremo ampliaba los tipos de deuda que pueden cancelarse con la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. El fallo otorga a los tribunales la capacidad de exonerar un porcentaje que puede llegar a superar el 70% de las deudas con Hacienda y Seguridad Social, en algunos casos, y de ordenar, limitar y cuantificar el fraccionado de los pagos del resto de la deuda.

Según explica la letrada Ana Isabel García, una de las principales novedades que acarrea la sentencia permite dividir la deuda pública en dos partes: una primera correspondiente a la deuda principal (pongamos por caso que, como autónomo, debes a la Seguridad Social 10.000€ por impago de las cuotas mensuales obligatorias) y una deuda secundaria ,que correspondería a conceptos de sanciones, recargos, intereses…Lo que propone la sentencia del Tribunal Supremo, en lugar de la cancelación como primera medida, es acomodar el pago de esa deuda principal a un plan de pago de cuotas mensuales durante cinco años. El cálculo de la cuota mensual se hace asignando el 50% del sobrante que queda después de descontar la cantidad correspondiente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) -950€ ahora- y los gastos que se consideren imprescindibles para vivir. Si transcurrido este tiempo, tampoco has podido hacer frente al pago de la cuota y puedes demostrarlo, podrías obtener la cancelación.

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