¿Se puede acabar con el fraude fiscal?

Europa prepara una directiva que intenta acabar con la evasión fiscal, exigiendo total transparencia a las multinacionales que operan en varios países.

La elusión fiscal del Impuesto de Sociedades supone una pérdida de entre 50.000 y 70.000 millones de euros al año, según un informe de la Comisión Europea. Y para acabar con ella proponen un plan de transparencia que incluiría el intercambio de información entre todas las autoridades fiscales, así como la exigencia a las multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros anuales de hacer público en qué países de la Unión Europea obtienen sus beneficios y dónde pagan sus impuestos. Una exigencia que quieren extender a todas las multinacionales, con independencia de si son europeas o no.

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Un frente común

La propuesta de directiva, que cuando se apruebe deberá ser adoptada por todos los países miembros, contempla la exigencia para las grandes empresas de hacer públicos todos los años su volumen de negocio, el número de trabajadores, la naturaleza de sus actividades y los beneficios obtenidos e impuestos devengados y pagados en cada Estado miembro. Y que esa información esté disponible durante cinco años. También deberán proporcionar información sobre sus operaciones en territorios fiscales del resto del mundo. El objetivo, dicen, es conocer mejor los sistemas fiscales de los Estados miembros y detectar lagunas y desajustes existentes. Y una aspiración de sentido común: que las empresas paguen impuestos en los países en los que obtienen sus beneficios.

Las multinacionales, en el ojo del huracán

Los esfuerzos de la Comisión Europea se centrarán, así, en las empresas que operan en varios países y que “sirviéndose de complejos dispositivos fiscales pueden llegar a pagar una tercera parte menos de impuestos que las empresas que solo operan en un país. Nuestra propuesta de aumentar la transparencia contribuirá a aumentar la imposición de las empresas y fomentará la competencia más leal entre las empresas con independencia de su tamaño”, en palabras del comisario Jonathan Hill.

Lo que choca es que la exigencia de ingresos superiores a 750 millones dejaría fuera de esta transparencia al 85% de las multinacionales. Y que los Estados no se pongan de acuerdo para exigir una transparencia fiscal total (que las empresas proporcionen su información país por país, incluso si se trata de jurisdicciones fiscales no cooperativas).

¿Falta de voluntad real?

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Los detractores, con Alemania a la cabeza, alegan que esa exigencia podría revelar información confidencial de la compañía. Quizás estamos perdiendo una oportunidad única para acabar con una lacra que resta competitividad a las pymes que pagan sus impuestos. Y que en nuestro país es especialmente dolorosa. Según la OCDE, el fraude fiscal en España representa un 25% del PIB; cada año se evaporan más de 88.000 millones en impuestos. Y, sin embargo, somos el país de la UE que menos invierte para combatir el fraude.

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