La patata caliente de las pensiones

El sistema de pensiones público no tiene futuro sin una reestructuración, pero ningún partido se ha atrevido a abordarlo en serio. ¿Qué cambios podrían salvarlo?

Los datos son claros. A día de hoy quedan exactamente en la hucha de las pensiones 24.207 millones de euros. En lo que va de año el Gobierno ha sacado de este fondo de reserva 9.700 millones y, desde 2012, un total de 55.151 millones de euros. Con la cantidad actual, el fondo puede afrontar otras tres mensualidades más de la nómina de los pensionistas y si seguimos con la tónica actual, en la que cada vez que hay que pagar las pagas extras el Gobierno tiene que recurrir a estas reservas, en dos años se habrá agotado.

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Una reestructuración inmediata

El sistema es claramente deficitario y lo será aún más en los próximos años. Ni la creación de empleo será suficiente para eliminar su déficit estructural en un panorama de incremento del número de jubilados, con pensiones más elevadas y personas en activo con salarios más bajos.

Más datos: el conjunto de salarios que se pagan en España ha caído un 12% desde 2008. En el mismo periodo, las pensiones han aumentado un 30%, hasta alcanzar los 127.266 millones de euros. Los ingresos crecen a un ritmo muy inferior al que crecen los gastos. Y ni la recuperación hará reversible esta tendencia.

Todos los expertos dicen que el próximo Gobierno tendrá que hacer una reestructuración del sistema. Y que no habrá más remedio que reducir las pensiones, además de tomar otras medidas como retrasar la edad de jubilación, eliminar la posibilidad de cobrar dos pensiones públicas simultáneamente, crear nuevos impuestos y potenciar el ahorro privado.

¿Cuánto se reducirán las pensiones?

Según las previsiones de la OCDE, el porcentaje que recibirá cada jubilado sobre su último salario caerá de forma paulatina generación tras generación. Así, si los jubilados de hoy reciben un 73,6% de su último salario, la generación de los 60 recibirá un 60,6%, la de los 70 un 56,1% y la de los 90 un 49,7%. Y eso por no hablar de otro problema que se avecina a no muy largo plazo: la pérdida de empleos que supondrá la incorporación masiva de robots en el mercado laboral. Y los robots no cotizan a la Seguridad Social.

¿Robots que abonan cotizaciones sociales?

El reto del panorama laboral que se avecina es tan importante que desde la Unión Europea ya se están empezando a buscar soluciones. Según una información de Reuters, la Comisión está valorando la posibilidad de calificar a los robots como “personas eléctricas”, una denominación que obligaría a las empresas que los contraten como empleados a cotizar por ellos a la Seguridad Social. La propuesta es que esta obligación sólo se aplique a los robots más sofisticados, creando un registro de robots inteligentes en el que las empresas declaren el dinero que se ahorran en cotizaciones sociales por utilizarlos en lugar de humanos. Claro que esto, si sucede, será dentro de varias décadas y la hucha de nuestras pensiones no aguanta ni dos años.

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