La crisis ha convertido a los ayuntamientos en destacados morosos, cuyos impagos están poniendo a muchos empresarios y empresas en la cuerda floja. Es el caso de José María Solís, dueño de la constructora Cavas, que copó los telediarios en febrero del año pasado por amenazar con quemarse a lo bonzo delante del Ayuntamiento de Loeches (Madrid), desesperado por no cobrar la factura de alrededor de 600.000 euros que éste le debía desde hace casi cuatro años. Es un caso extremo, pero significativo. Hoy, su situación ha mejorado un poco, pero el consistorio aún le debe “147.000 euros más los intereses acumulados, que ascienden a 128.000 euros”, explica. Algunas facturas de 2006 las ha cobrado… en junio del año pasado. El resto tendrá que esperar: el Ayuntamiento se niega a darle la totalidad por afirmar que las obras no estaban bien terminadas.
Como José María Solís, miles de autónomos y pequeños empresarios se encuentran indefensos a la hora de cobrar del erario público. “Los ayuntamientos ya no pueden prometer nada, porque algunos no tienen ni para pagar el agua”, analiza José María Carrasco, vicepresidente de la Asociación de Impagados de la Construcción (Aepic). Y tanto: las Administraciones públicas, algunas de ellas en quiebra técnica, adeudan a los empresarios más de 12.300 millones de euros, según datos de Gestha, los técnicos de Hacienda, y la situación no tiene visos de cambiar. “Los ayuntamientos pequeños están entre los principales acreedores de los autónomos, que son quienes les realizan el 90% de los trabajos”, denuncia el presidente de la Organización de Profesionales y Autónomos (OPA), Camilo Abiétar. ¿Los sectores más afectados? Aparte del constructor, suministros hospitalarios, limpieza y servicios de jardinería.
En la lista negra
Los ayuntamientos más morosos son Madrid y Valencia, seguidos de Barcelona, Zaragoza, Málaga, Sevilla y Córdoba. “La capital, con un 10% de toda la población, tiene más de un tercio de la deuda de los ayuntamientos de España, más de 7.000 millones. El resto, los más de 8.000 municipios restantes tenemos los dos tercios. No hay proporción”, critica Pedro Arahuetes, alcalde de Segovia y presidente de la Comisión de Haciendas y Financiación Local de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
A la hora de pagar, casi ninguno cumple con la legislación. Aunque en teoría, la llamada ley antimorosidad de diciembre de 2004, establece que la Administración tiene “la obligación de abonar el precio dentro de los 60 días siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato”, rara vez lo cumple. Una reciente modificación ha rebajado este plazo hasta los 30 días. Pero, como popularmente se dice, quien hizo la ley, hizo la trampa. “No se sabe cuánto puede tardar en conseguirse la certificación porque es el propio ayuntamiento el que la expide”, alerta Pere J. Brachfield, director del Centro de Estudios de Morosología de la escuela de negocios EAE. Tres, cuatro meses… la excusa perfecta para demorar el pago.
“El ayuntamiento que más rápido paga lo hace a nueve meses, pero lo habitual es pagar uno o dos años más tarde, plazo que cada vez se retrasa más”, añade. Tanto como tres o cuatro años. “La gente no lo dice, no quiere salir en los papeles para así seguir trabajando”, revela Brachfield. La única compensación para la pyme es engordar algo el presupuesto. Un dinero que puede cobrar un lustro más tarde.
Además, tras Grecia, España es el país con los plazos de pago más grandes, según datos de Pimec, la patronal de la pequeña y mediana empresa de Cataluña.
En nuestro país, el período medio de cobro de las facturas en el sector público fue de 139 días en 2009 (98 días en el caso del sector privado, y más de 200 días en ciertos sectores), dato que contrasta con los 67 días para el resto de Europa (57 días en el caso del sector privado), según Intrum Justitia. Un derroche, pues pasar de los 98 días actuales a 60 días de cobro supondría que las pymes ahorrarían anualmente unos 6.420 millones en costes financieros.
“Sería una medida de gran trascendencia en un momento de crisis como el que estamos”, sugiere Antoni Cañete, secretario general de Pimec. De ello saben mucho las empresas de Holanda o Alemania. Allí los municipios pagan a 30 días, igual que ocurrirá en Francia dentro de cinco años. En España, este objetivo está marcado para 2013. Algo que a muchos les provoca risa. “Es algo utópico. Sería mejor obligar a pagar los intereses de demora a partir del día 61”, sugiere Brachfield.
El problema es cuando a las pymes se les paga con pagarés a 180, 240 o más días. “Estas personas se han hipotecado con sus bancos, les ha avalado un familiar, y cuando les devuelve los pagarés, la empresa se convierte en insolvente”, alerta José María Carrasco, presidente de Aepic. Y ahí comienzan los desastres: el banco cancela los créditos y tarjetas de crédito… y a los 90 días llega la notificación de embargo, si la operación está garantizada con la casa del empresario. “Debemos cambiar muchas injusticias, lograr moratorias en los embargos de la vivienda familiar y mejorar la ley antimorosidad”, comenta Carrasco.
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CÓMO EVITAR CAER EN LAS GARRAS DE UN AYUNTAMIENTO MOROSO 
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