Con 580 votos a favor, 57 en contra y 55 abstenciones, el Parlamento Europeo saca adelante una resolución en la que se considera “la no remuneración de los períodos de prácticas como una forma de explotación de trabajadores jóvenes y una violación de sus derechos”.
La Unión Europea tiende así un puente a los becarios y trabajadores en prácticas aprovechando la celebración del año europeo de la juventud en 2022. Entienden que este colectivo está generalmente considerado ‘de baja consideración’ y reclama que la Garantía Juvenil reforzada, programa comunitario contra el desempleo de los jóvenes, sea de carácter vinculante, inclusivo y más eficaz.
El documento aprobado solicita a la Comisión Europea (CE) y a los Estados miembros que propongan un marco jurídico común para garantizar una remuneración justa de las prácticas y de los periodos de formación. Recuperan de este modo una resolución previa aprobada en octubre de 2020 en la que el Parlamento advertía de que “los períodos de prácticas […] deben ser remunerados y limitados en términos de duración y cantidad, de modo que los jóvenes no queden atrapados en una sucesión interminable” y evitar así que “sean explotados como mano de obra barata o incluso gratuita”.
Lo que propone ahora la Comisión Europea es elaborar una estructura jurídica común para todos los Estados miembros y que ampare una remuneración justa para los periodos de prácticas y aprendizaje laboral y que respete el principio de subsidiariedad que contempla que todo trabajo debe ser pagado.
El texto quiere colocar a los trabajadores jóvenes en el centro de la recuperación socioeconómica de Europa y de sus consecuentes políticas sociales y de empleo y para el que considera “fundamental” reforzar y cuidar su salud mental, muy relacionado con un empleo de calidad, en estado crítico tras la pandemia. En este sentido, se pretende reforzar la capacitación, la educación, la formación y la integración de la juventud en el mercado laboral.
La salud mental de los jóvenes, en riesgo
En las consideraciones previas que justifican la puesta en marcha de la resolución citada, aparecen datos relativos a la salud mental de los jóvenes a causa de la pandemia que resultan alarmantes.
Según estas, “el 64 % de los jóvenes del grupo de edad de 18 a 34 años corrían el riesgo de padecer depresión en la primavera de 2021, en parte como consecuencia de su carencia de empleo y de las perspectivas financieras y educativas a largo plazo, así como de la soledad y el aislamiento social”. Se añade que “nueve millones de adolescentes en Europa (de entre 10 y 19 años) viven con trastornos de salud mental, la mitad de los cuales corresponden a casos de ansiedad y depresión” y que “el empeoramiento de la salud mental puede atribuirse además a las interrupciones en el acceso a los servicios de salud mental y al aumento de la carga de trabajo, así como a la crisis del mercado laboral, que ha afectado desproporcionadamente a los jóvenes”.
Atribuye así parte de culpa estos trastornos a la situación de desempleo o de precariedad laboral de los jóvenes. Partiendo de esta base, pide a la Comisión y a los Estados miembros “que, en colaboración con el Parlamento y con arreglo al principio de subsidiariedad, propongan un marco jurídico común para garantizar una remuneración justa para los períodos de prácticas y de aprendizaje profesional, a fin de evitar prácticas de explotación”. Condenan también la práctica de los contratos de cero horasy pide a los Estados miembros que presten apoyo a los empleadores que ofrecen períodos de prácticas y de aprendizaje profesional a jóvenes con discapacidad”.
Uno de esos puentes será la creación de una plataforma digital europea única para el empleo y que brinde ayuda e información sobre posibilidades de formación, empleo, prácticas, apoyo económico, programas de movilidad y derechos asociados. Para ello se unirán las plataformas ya existentes del Portal Europeo de la Juventud, Europass y Eres.
