Arbitraje. La aprobación del proyecto de ley de Mediación y Arbitraje, según apunta Eugenio Recio, profesor de Economía de ESADE, “facilitaría el funcionamiento de las empresas, enturbiada ahora mismo por procedimientos judiciales largos y costosos”.
Morosidad. También interesante para pymes y autónomos es la reforma de la legislación sobre morosidad. “Una de cada cuatro empresas españolas cierra hoy en día por el impago de sus acreedores. Mientras que en Europa el retraso es de 57 días, en España es de 98 días”, explica Francisco Palacios, director de Relaciones Institucionales de ATA (Federación Nacional de Trabajadores Autónomos).
Más financiación. Igual de positivo para las pymes sería la anunciada revisión de las líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para hacerlo más operativo y mejorar así la financiación de los empresarios. “Hay que conseguir que el ICO dinamice la financiación”, asegura Palacios.
Liberalización. El desarrollo de la ley Omnibus, que dará paso a la liberalización de las actividades de servicios, permitiría desbloquear muchas actividades ahora extremamente reguladas (desde el sector del taxi, hasta la publicidad sobre medicamentos… así de amplia es este punto de la ley).
CRÍTICAS AL PROYECTO
El Gobierno pretende aprobar también, dentro de su programa de Economía Sostenible, un Plan Integral de Política Industrial 2020, destinado a aumentar el peso de la actividad industrial. Con él quiere aumentar las ayudas financieras y tecnológicas a la mayor parte de los sectores, en especial a los innovadores, entre ellos el de la automoción, en el que surgirán nuevas oportunidades con el coche eléctrico. Mikel Buesa, catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, matiza que “no todo se resuelve con más dinero. Lo principal es que la innovación llegue a la economía y, de momento, la participación de las empresas españolas en el gasto en I+D no sólo es actualmente el más bajo de Europa (un 54% frente a un 65%), sino que, además, está cayendo. Y la ley no dice absolutamente nada sobre este punto”.
Javier Jiménez, secretario de Política Sectorial de CC OO, tampoco se muestra confiado. “La Ley no contiene ningún plan serio de tipo industrial. No se ven medidas de verdadera implementación industrial. Únicamente vaguedades”, lamenta Jiménez.
Todo indica, pues, que la ley de Economía Sostenible del Gobierno, no ha provocado un excesivo entusiasmo en los posibles afectados. La principal crítica de empresarios y economistas es que este plan se ha quedado en las ramas. “No aborda los problemas principales que tiene la economía española: ni la reforma del mercado de trabajo, ni del sistema energético, ni del sistema de pensiones… Sin eso, no habrá una mejoría real”, resume Buesa.
