El modelo 720 se remonta a los tiempos del ministro Cristóbal Montoro al frente de Hacienda cuando, en 2012, impuso la obligación de informar y declarar los bienes y derechos situados en el extranjero. Se establecía, además, un régimen sancionador bastante desproporcionado por su incumplimiento con multas que podrían alcanzar el pago de hasta un 150% de la ganancia no declarada.
El modelo, aunque criticado por algunos, se mantiene todavía en vigor pero la justicia europea lo pone en entredicho. Una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado 27 de enero considera que el modelo 720 va contra el principio de la libre circulación de capitales.
Entiende el tribunal europeo que la normativa impuesta por el legislador español “puede disuadir a los residentes de ese Estado miembro de invertir en otros Estados miembros, impedirles hacerlo o limitar sus posibilidades de hacerlo, y constituye, por tanto, una restricción a la libre circulación de capitales”.
Señala también el Tribunal que la elevada cuantía de las multas confiere al modelo 720 “un carácter extremadamente represivo y que su acumulación con las multas de cuantía fija previstas adicionalmente puede dar lugar, en muchos casos, a que el importe total de las cantidades adeudadas por el contribuyente supere el 100 % del valor de sus bienes o derechos en el extranjero”.
El impacto en las arcas públicas
Conforme al dictamen judicial, el ejecutivo español podría verse en la obligación de devolver todas aquellas sanciones que cobró de manera indebida con el modelo 720 aunque sean firmes y no estén impugnadas.
Según algunas fuentes, el modelo 720 ha permitido que a lo largo de sus nueve años de vigencia aflorasen en España más de 150.000 millones de euros de manera que las devoluciones de Hacienda serían millonarias.
Sin embargo, parece que el final no será tanto. Según se apresuró a declarar en rueda de prensa la actual titular de Hacienda, María Jesús Montero, tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia Europa, en España son alrededor de 60.000 los contribuyentes que presentan anualmente el modelo 720 cifrando en 230 millones las sanciones impuestas hasta la fecha, importe máximo que tendría que devolver Hacienda.
Advertía también María Jesús Montero de que la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo no declara nulo el modelo 720, solo algunos “elementos” de su contenido, por lo que sigue estando en vigor recordando a aquellos que tienen obligación de declarar bienes en el extranjero que tienen de plazo hasta el 31 de marzo para hacerlo.
El modelo 721: el sustituto del 720
Sabedores de que la justicia europea iba a poner en entredicho las condiciones del modelo 720, se venía ya trabajando sobre un nuevo modelo que enmendase las observaciones de la justicia comunitaria, sobre todo en lo que atañe a las sanciones desproporcionadas y a los plazos de prescripción corregidas ahora con el modelo 721 que el ejecutivo tenía guardado en la recámara.
El Modelo 721 nace como consecuencia de la aprobación, el pasado mes de julio, de la nueva Ley de medidas contra el fraude fiscal en la que se introduce una modificación de la Ley Tributaria española.
El impacto para las criptomonedas depositadas en el extranjero
Entre otras cosas, la ley de medidas antifraude introduce “la obligación de informar sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero” y advierte de que dichos cambios “están en consonancia con la modificación de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo”.
Aunque se desconoce cuál será la redacción final del contenido del modelo 721 que prepara Hacienda, los inversores del mundo cripto temen que vaya a ir por el mismo camino de 720 para seguir ejerciendo un férreo control de la posesión de los activos digitales o las criptomonedas depositadas en el extranjero.
Una pista la encuentran los especialistas en la publicación, el pasado 21 de diciembre, del proyecto de la Orden que iban a aprobar los modelos de la Renta y Patrimonio de 2021. El Impuesto de Patrimonio de 2021 incorpora un apartado en el que habrá que informar sobre el saldo en monedas virtuales, su denominación, número de unidades y valor en euros a 31 de diciembre.
Según Xavier Vilalta, experto en fiscalidad de criptomonedas en Ilian Consulting https://iliaconsulting.com/en/ el ejecutivo prepara tres nuevos modelos para declarar las criptodivisas: el 721 que afectaría a las personas físicas que operan en este mercado, y los modelos 172 y 173 orientado a aquellas empresas que cobren o paguen servicios con criptodivisas.
El contenido exacto de los mismos es todavía una incógnita pero teniendo en cuenta que gran parte de los inversores en criptomonedas españoles operan en exchanges extranjeros tipo Binance, Coinbase o crypto.com, entre otros, temen que el nuevo marco legal traerá mayor vigilancia y una fiscalidad aún más severa. Según algunas fuentes, la obligación sólo afectará a los saldos superiores a 50.000 euros, aunque está por ver cómo queda el texto final.
