Es difícil saber cuál es el peso de las fuentes públicas en la gestión de las ONG, ya que en España existen más de 15.000 organizaciones. No obstante, en términos generales y fijando una media, en el caso de las de acción social, el 40% de los fondos serían públicos; el 26% tendrían su origen en la prestación de servicios o venta de productos, y el 34% restante serían recursos no condicionados a ningún fin, es decir, “cuotas de socios, patronazgos, mecenazgos y donativos procedentes de herencias. Estos recursos permiten financiar las estructuras de las ONG sin necesidad de que lo estén por las subvenciones”, explica Juan Lara, presidente de la Plataforma de ONG de Acción Social.

Las principales fuentes de financiación públicas de las ONG son:

• Subvenciones públicas. Del 40% de fondos públicos citados anteriormente, según Lara, “el 12% procede del Estado, el 22% de las comunidades autónomas y el resto de las corporaciones locales (el 66%)”. En el caso de las ONG para el desarrollo, los fondos públicos llegan hasta el 54,4%, de los que la mitad procede de las comunidades autónomas y la otra mitad se reparte entre el Estado y una pequeña parte de organismos internacionales, según la Coordinadora ONGD.

• Parte correspondiente de la casilla Fines sociales del IRPF. Esta asignación tributaria cumple ahora 20 años (en 2006 se amplió del 0,52% a 0,7% actual). “Estos fondos procedentes del IRPF no suponen más del 8% para las ONG y no financian sus estructuras sino proyectos concretos”, advierte Lara. Por ejemplo, en la campaña de la Renta del año pasado, se recaudaron 244 millones de euros. El 20% se destinó a programas de cooperación internacional, una pequeña parte a proyectos de medio ambiente y el resto –134 millones de euros– a programas de acción social. Del millar de programas que se presentó a la convocatoria que anualmente organiza el Estado, sólo menos del 40% consiguió fondos para desarrollar el programa y la ayuda que obtuvieron por esa vía sólo cubre una parte del proyecto.