Recuperando la esencia de la Small Business Act estadounidense de 1953 y adaptando la Ley de Pequeña Empresa de la UE de 2008, se ha presentado un texto que pretende mejorar la competitividad de las empresas y fomentar el espíritu empresarial para impulsar el empleo. La iniciativa, que ya se ha puesto en marcha en el País Vasco y Castilla-La Mancha, trata ahora de buscar su hueco en el panorama legislativo nacional.
La propuesta pone encima de la mesa una definición de emprendedor que incluye a empresas constituidas y trabajadores autónomos que lleven operando menos de 24 meses. A nivel administrativo, promueve resumir los papeleos en los trámites, acortar plazos para la inscripción en el registro y la creación de un Consejo Interterritorial para la Unidad de Mercado con el fin de que los trámites realizados ante una entidad local tengan validez en todo el Estado.
También trata de fomentar la inversión privada, mediante la construcción de un fondo de capital semilla con financiación mixta público-privada y plantea la regulación de la figura de los business angels y una serie de ayudas destinadas a este colectivo. Desde el punto de vista fiscal, la reforma trata de asimilar los rendimientos por actividades económicas en el IRPF que a día de hoy se aplican por tramos, persigue que pymes y autónomos puedan demorar el pago del IVA por las facturas no cobradas e impulsar la innovación y la internacionalización con deducciones para estas actividades.
Aplicación real
Hasta aquí la teoría. Nada nuevo bajo el sol en un texto que en su mayor parte recopila aspectos ya existentes en otras normativas. A partir de aquí, y teniendo en cuenta que la propuesta no verá la luz en esta legislatura, tendremos que esperar para ver cómo se concretan todos los puntos que recoge. Está claro que hay que fomentar la creación de empresas para salir del bache, pero ¿realmente las medidas planteadas pueden ayudar a autónomos y pymes? Tras los recortes presupuestarios, la escasez de vías de acceso a la financiación es evidente, pero no es la única dificultad. Reducir la burocracia, dirigir las ayudas a quienes realmente las necesitan, reforzar las empresas creadas recientemente y asegurar el cumplimiento de la normativa existente en materia de morosidad son algunas de las sugerencias que nos han hecho llegar los expertos a los que hemos consultado.
