Las cotizaciones de los trabajadores autónomos subirán 8€ al mes a partir del 2022. Conforme al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, la base de cotización mínima para los trabajadores por cuenta propia será de 960,60€, en lugar de los 944,40 euros actuales, y el tipo de un 30,60%, lo que supondrá un aumento de 96 euros anuales. La cuota mensual que pagarán los autónomos en base mínima será de 294€.
En cuanto a la base de cotización máxima se fija en 4.139,40 euros en lugar de los 4.070,10 euros actuales.
Desde UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) consideran que la decisión del gobierno no es acertada confiados como estaban en la aplicación de un sistema de cotización de autónomos en función de los ingresos reales.
“Es inconcebible, no damos crédito a la desidia con la que se nos está tratando en el ámbito fiscal. No entendemos la negativa reiterada de los Ministerios de Economía y de Hacienda a poner freno a una de las mayores injusticias fiscales que sufre el colectivo de trabajadores autónomos”, declara Eduardo Abad, presidente de UPTA.
El aumento en las cuotas se contempló antes de la pandemia de coronavirus y se congeló debido a las dificultades económicas que generó. Posteriormente, se ligó a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, pero tras el aumento de este índice con carácter retroactivo para septiembre, el incremento en las cuotas se ha dejado finalmente para 2022.
El cheque restaurante
Otra de las reivindicaciones de UPTA es el reconocimiento de los gastos de manutención en los que incurren los autónomos en el ejercicio de la actividad profesional. En este sentido reclaman que los Presupuestos Generales del Estado contemplen la implantación del cheque de comida como sistema de pago.
El modelo que proponen se basa en los cheques restaurante, “ya que funcionan como un sistema que no deja ninguna duda sobre la trazabilidad económica de las operaciones de pago. Con las deducciones fiscales de los gastos de manutención de los trabajadores autónomos que tienen que comer fuera de sus domicilios, se respaldaría a un sector en el que se debe frenar la destrucción de empleo acrecentada por la pandemia, en el que ya han desaparecido más de 15.000 establecimientos”, sostienen. La medida serviría, pues, de apoyo a los autónomos de la restauración.
Implantación de medidas contra el desperdicio alimentario
También los autónomos que trabajan en toda la cadena de valor del sector alimentario se verán afectados por la normativa que está articulando el Gobierno para combatir el desperdicio de comida. El Gobierno ya ha aprobado la primera versión de lo que será el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.
La previsión es que la nueva norma entre en vigor el 1 de enero de 2023 y ayude a reducir de forma notable las cantidades de alimentos que se tiran a la basura sin consumir con sanciones, por su incumplimiento, que van desde los 6.001 euros hasta 150.000 euros.
La norma afecta a todos aquellos autónomos que regenten negocios relacionados con el sector de la hostelería así como a todas las tiendas de venta de alimentos o servicios de catering así como los que atañen a la producción primaria. En todos ellos tendrán que empezar a articular acciones en esta línea para evitar las sanciones y suscribir acuerdos con organismos que gestionen el excedente alimentario o se dediquen a la transformación de los mismos.
Epígrafe específico para periodistas autónomos en el IAE
Otra novedad de los PGE es la que atañe a los profesionales de la información y la comunicación autónomos para los que se incorpora un epígrafe específico en el Impuesto sobre Actividades Económicas. Los periodistas dejarán así de compartir epígrafe en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) con “pintores, escultores, ceramistas, artesanos, grabadores y artistas similares” y podrán dejar de ejercer bajo el grupo “servicios de publicidad, relaciones públicas y similares”.
Se trata de una reclamación antigua de las distintas asociaciones de prensa, encabezadas por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), al objeto de evitar posibles confusiones a la hora de encuadrar sus obligaciones tributarias como profesionales autónomos, tanto por su parte como por la de la propia Administración.
“Con este epígrafe específico para nuestra profesión se pone fin a una anomalía que impedía el desarrollo normal de la profesión de periodista puesto que la categoría económica en la que se debían inscribir simplemente no existía, pese a que el periodismo es ejercido por decenas de miles de personas, casi un tercio de ellas como autónomos”, declaraba el presidente de FAPE, Nemesio Rodríguez.
