Hay acuerdo para reformar las pensiones: así será el nuevo sistema

Patronal, sindicatos y Gobierno han alcanzado un primer acuerdo para acometer la reforma de las pensiones, que incluye grandes cambios con respecto a la anterior legislación.

La reforma de las pensiones llegará en 2022: estas son las claves

La reforma de las pensiones está cada vez más cerca. El Gobierno ha llegado a un primer acuerdo con la patronal y los sindicatos para acometer una de las grandes ambiciones de la legislatura de Pedro Sánchez: tumbar la reforma unilateral del anterior gobierno y proponer un nuevo sistema de prestaciones por jubilación para que se revaloricen en función del IPC. Se trata del primer acuerdo sobre este tema en los últimos diez años, lo que pone en valor la importancia de la noticia.

Así, la reforma de las pensiones pactada con los agentes sociales cambia la legislación vigente en tres apartados fundamentales. El primero de ellos es el factor de sostenibilidad, que consistía en una subida anual del 0,25% en la cuantía de las prestaciones. A partir de ahora, se revalorizarán en función del IPC y, en caso de que el índice baje, se mantendrán estables durante ese ejercicio.

Por otro lado, la reforma de las pensiones incluye un aumento considerable de la aportación del Gobierno a la Seguridad Social, que se recogerá en los Presupuestos Generales del Estado y que podría suponer un coste de unos 21.000 millones de euros anuales en las arcas públicas, al menos hasta el año 2023.

Por último, el acuerdo sobre la reforma de las pensiones contempla una serie de medidas urgentes, como la equiparación del “servicio social” obligatorio del franquismo para las mujeres con el servicio militar de los hombres, un periodo de tiempo necesario para conseguir la jubilación anticipada. Además, el Gobierno da un plazo de tres meses a las empresas para que los becarios coticen a la Seguridad Social, independientemente de si perciben una remuneración o no.

La reforma de las pensiones busca aumentar la edad de jubilación

La reforma de las pensiones busca reducir la edad efectiva de jubilación, que ahora mismo se sitúa en los 64,6 años. Así, a través de una restructuración de las penalizaciones por jubilación anticipada, el Gobierno busca que los trabajadores alarguen, al menos unos meses, el momento de dejar de trabajar.

Por ejemplo, la reforma penaliza más los dos primeros meses en que es posible jubilarse de forma anticipada, del 24 al 22 de anticipo. Por el contrario, las penalizaciones actuales se reducen a partir del mes 22. Además, se eliminarán los coeficientes reductores más bajos, algo que se ejecutará de forma progresiva hasta 2024, mientras el importe de la pensión máxima crecerá.

Además de estos incentivos, el acuerdo incluye un “premio” para los trabajadores que decidan alargar su edad de jubilación. El incremento de las pensiones por año de más pasa del 3,2% al 4%, y se permitirá elegir una cantidad a tanto alzado -o ambas opciones- entre 4.786 y 12.060 euros, en función del salario de la persona y su carrera de cotización.

Una vez cerrado el acuerdo sobre la reforma de las pensiones, los empresarios deben respaldar el documento en una consulta de la CEOE, tras lo cual el Consejo de Ministros dará luz verde al proyecto de ley el 6 de julio. Tal y como explican algunas informaciones, la reforma de las pensiones entraría en vigor a principios de 2022.

¿Una nueva reforma de las pensiones en los próximos años?

El acuerdo sobre la reforma de las pensiones podría ser solo el primer paso en la carrera por sanear las cuentas de la Seguridad Social de España. En este sentido, el Gobierno reconocía hace unos meses estar estudiando algunas alternativas para garantizar la sostenibilidad del sistema de prestaciones por jubilación en las próximas décadas.

Una de las opciones que se barajaron entonces es la fórmula del automatic enrolment utilizado en Reino Unido desde 2012. También denominados “planes de empresa semiobligatorios”, esta opción obligaría a los empresarios a inscribir a sus empleados en algún plan de pensiones, al que harían aportaciones periódicas a cambio de incentivos fiscales.

La aportación obligatoria al plan para la jubilación bajo esta fórmula ascendería al 8% del salario pensionable, repartida entre el empresario (3%), el propio trabajador (4%) y el Estado (el 1% a través de deducciones fiscales en las otras dos aportaciones). De esta forma, el sistema privado complementaría a la pensión pública, aliviando las cuentas de la Seguridad Social mientras la economía del pensionista no se resiente.

Gestionar Cookies