Cambios legales que pueden afectar a tu negocio

Damos repaso a las principales novedades legislativas que han entrado en vigor recientemente que pueden afectar en algún aspecto importante a la actividad de tu empresa o negocio.

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¿Qué principales novedades fiscales y laborales aprobó la Ley de Presupuesto Generales del Estado para el pasado 2018?

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, aprobados en el mes de junio, supuso la entrada en vigor para este ejercicio de diferentes medidas fiscales y sociales, entre ellas se encuentran:

-El aumento de 20% al 30% de la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación en el IRPF, al mismo tiempo que aumenta su base máxima de deducción de 50.000 a 60.000 euros anuales (puedes ver más información en este mismo capítulo).

-La prórroga del Impuesto sobre el Patrimonio para 2018, así como la rebaja del tipo reducido del IVA del 10% para las entradas a salas cinematográficas.

-También se eleva de 12.000 a 14.000 euros, el umbral inferior de la obligación de declarar en el IRPF, establecido para los perceptores de rendimientos del trabajo que procedan de más de un pagador.

-Para las sociedades se introducen modificaciones en la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles “Patent Box”.

-En el IVA también destacamos que el reembolso del IVA a viajeros con residencia fuera de la Comunidad se efectuará cualquiera que sea el importe de la factura, desapareciendo el requisito de que dicho importe deba superar los 90 euros.

-Además, se fija el interés legal del dinero en un 3% y el de demora en un 3,75%. El IPREM anual queda establecido en 6.454,03€ anuales.

-En el ámbito laboral, destaca la aprobación de los topes máximos y mínimos de las bases de cotización, aplicables a partir del 1 de agosto de 2018 (el tipo máximo de la cotización en todos los Regímenes de la Seguridad Social que lo tengan establecido, queda fijado en la cuantía de 3.803,70 euros mensuales).

-Para los trabajadores autónomos (comerciantes, empresarios, etc.), la base máxima se establece en 3.803,70 € y la base mínima en 932,70 € mensuales. Para los autónomos societarios queda fijada la base mínima en 1.199,10€ mensuales.

Además, se amplía el permiso de paternidad a 5 semanas y se establece una bonificación en las cuotas empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social de 250 euros mensuales (3.000 euros anuales), por la conversión a indefinidos a tiempo completo de los contratos para la formación y el aprendizaje celebrados con beneficiarios de la ayuda económica de acompañamiento para jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Se aprueban nuevamente algunas de las ayudas y bonificaciones previstas en anteriores leyes de presupuestos, como son:

*La bonificación en la cotización a la Seguridad Social en los supuestos de cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, así como los supuestos de enfermedad profesional.

*Las medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.

*Los créditos para la financiación de la formación profesional para el empleo.

Adaptación al Reglamento General de Protección de Datos

El Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 5/2018, con medidas urgentes para adaptar el Derecho español al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), norma de la Unión Europea que, al entrar en vigor el pasado 25 de mayo, impuso importantes modificaciones en la legislación interna, regulando también el régimen de prescripción de las sanciones previstas en el texto europeo, y que viene a clarificar –a la espera de la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales– ciertos aspectos del Derecho interno, que se encontraban desplazados, desde que el pasado 25 de mayo resultara de plena aplicación el Reglamento de la UE.

Entre otras medidas contenidas en esta norma, destacan las siguientes:

*La delimitación de los sujetos responsables de los tratamientos a los que les es aplicable el régimen sancionador: los encargados de los tratamientos; los representantes de los responsables o encargados de los tratamientos no establecidos en el territorio de la Unión Europea; las entidades de certificación; las entidades acreditadas de supervisión de los códigos de conducta.

*Se establecen los plazos de prescripción de las infracciones: (i) tres años cuando nos encontremos ante alguno de los supuestos sancionados por el RGPD con multas de hasta 20 millones de euros o de una cuantía equivalente al 4% como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior y (ii) dos años cuando nos encontremos ante alguno de los supuestos sancionados por el RGPD con multa de hasta 10 millones de euros o de una cuantía equivalente al 2% como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior.

*Se establecen los plazos de prescripción de las sanciones una vez impuestas, esto es, el período del que dispone la Administración para requerirnos su pago: (i) un año las sanciones con importe igual o inferior a 40.000 euros, (ii) dos años para las sanciones cuyo importe oscile entre 40.0001 euros y 300.000 euros y (iii) tres años para las sanciones por importe superior a 300.000 euros.

Efectos de la nueva directiva de Servicios de Pago

Desde el mes de enero de 2018 está en vigor la nueva Directiva (UE) 2015/236 de servicios de pago, más conocida como PSD2 (Payment Service Directive 2), que implica permitir el acceso a terceros a la infraestructura de los bancos, y que entre otras novedades, elimina los cargos adicionales por pagos con tarjeta o transferencias y regulan el funcionamiento de nuevos servicios que operan a través de Internet o dispositivos móviles.

No obstante, algunas reglas relacionadas con la autenticación de los usuarios y la seguridad en las comunicaciones no tenían previsto entrar en vigor hasta el pasado septiembre de 2018, y la implementación de las mismas no podrá extenderse más allá del primer o segundo trimestre de 2019.

La nueva norma:

-Prohibirá los recargos, que son gastos adicionales por los pagos con tarjetas de crédito o débito de consumo, tanto en los establecimientos comerciales como en línea.

-Abrirá el mercado de pagos de la UE a las empresas que ofrezcan servicios de pago, sobre la base de su acceso a la información sobre la cuenta de pago.

-Introducirá estrictos requisitos de seguridad en materia de pagos electrónicos y de protección de los datos financieros de los consumidores.

-Reforzará los derechos de los consumidores en numerosos ámbitos, tales como la reducción de la responsabilidad por los pagos no autorizados y la introducción de un derecho de devolución incondicional («sin preguntas») para los adeudos domiciliados en euros.

-Limita la responsabilidad del consumidor en caso de un uso no autorizado de su tarjeta de crédito, de modo que tendría que pagar solo 50 euros en lugar de los 150 actuales en el caso, por ejemplo, de que le sea sustraída y utilizada antes de denunciar su robo.

-Uno de los elementos más importantes de la Directiva es que regulará el acceso de terceros proveedores (TPP, por sus siglas en inglés) a las cuentas bancarias de sus clientes, aunque siempre con la autorización del titular de la cuenta.

Esto significa que permite que nuestro banco o caja dé acceso a terceros a las cuentas de pagos que tenemos dentro de la Unión Europea. Algo que harán a través de una API (Interfaces de Programación de Aplicaciones), que facilitará la comunicación entre el comercio y el banco, lo que permitirá al negocio/establecimiento ejecutar pagos en nombre del cliente a través de su cuenta bancaria.

La apertura de las redes de los bancos a terceros, conocida popularmente como “Open Banking”, permitirá a los consumidores transferir fondos, comparar productos y administrar sus cuentas fuera del entorno bancario.

Mayor accesibilidad al bonus por baja siniestralidad

El Real Decreto 231/2017 regula el sistema de incentivos consistente en reducciones de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que se distingan por su contribución eficaz y contrastable a la reducción de la siniestralidad laboral, fue desarrollado por la Orden ESS/256/2018 de 12 de marzo.

Las empresas que pueden obtener este Bonus son aquellas empresas que coticen a la Seguridad Social por contingencias profesionales (en adelante CP) y realicen la solicitud del Bonus, siempre que se ajusten a una de estas dos modalidades: A) Modalidad General si la empresa alcanza un volumen mínimo de cotización anual por CP superior a 5.000 euros en el periodo de observación o bien; B) Modalidad Pequeña Empresa Beneficiaria si la empresa no alcanza un volumen mínimo de cotización de 5.000 euros en un periodo de cuatro años, pero se han superado los 250 euros. Además de cumplir con estas cuotas, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

-Que los índices de siniestralidad general y extrema, excluidos los accidentes “in itinere”, se hallen por debajo de los límites establecidos en la Orden por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social.

-Encontrarse al corriente en las obligaciones de cotización a la Seguridad Social.

-No haber sido sancionado con más de dos infracciones graves o alguna muy grave en la Seguridad Social.

-Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.

-Informar a los delegados de prevención, si los hubiera, de que la empresa cursa la solicitud del incentivo.

La cuantía del incentivo será del 5% del importe de las cuotas por contingencias profesionales de cada empresa correspondientes al periodo de observación. Cuando exista inversión por parte de la empresa en alguna de las acciones complementarias de prevención de riesgos laborales, se reconocerá un incentivo adicional del 5% de las cuotas por contingencias profesionales, con el límite máximo del importe de dichas inversiones complementarias. La tramitación de este incentivo se realiza ante la Mutua de Accidentes de Trabajo que su empresa tenga concertada.

La Declaración de Identificación Real del Titular de acciones de una pyme

La Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación (en vigor desde el pasado 28 de marzo) introdujo un nuevo formulario de “Declaración de Identificación del Titular Real”.

Se trata de una novedad importante que afecta a casi todas las entidades: sólo las sociedades que coticen en un mercado regulado no están sujetas a esta nueva obligación. Pero, además, dentro de las sociedades que sí están obligadas a identificar al titular real no todas tienen que rellenar este apartado de la misma forma ni detallar la misma información.

Para empezar, se entiende por titular real a la persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto de una sociedad, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una sociedad.

Si no existiese ninguna persona física con un 25% de participación en la sociedad o entidad, tendremos que identificar al administrador o administradores de la sociedad como los titulares reales. Debe tenerse en cuenta que las personas jurídicas (sociedades mercantiles o cualquier otro tipo de entidad) no pueden ser titulares reales: los titulares reales siempre son las personas físicas. Por tanto, si la sociedad que presenta cuentas anuales está participada en un 25% o más por otra sociedad, el titular real será la persona física que controla esta sociedad.

La ausencia de tal declaración supondrá un error en el depósito de las Cuentas Anuales y con los efectos legales que ello puede conllevar.

Cambios en la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación

Si en 2018 invirtió en una sociedad de nueva creación, compruebe si puede aplicarse la deducción del 30% en su IRPF. Hay que tener en cuenta que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, aumentó este porcentaje con efectos desde el 01-01-2018 del 20% al 30%.

Así, los empresarios y autónomos profesionales podrán deducirse el 30% de las cantidades satisfechas en el período, por la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación, pudiendo además de la aportación temporal al capital, aportar sus conocimientos empresariales o profesionales para el desarrollo de la entidad en la que invierten, en los términos que establezca el acuerdo de inversión entre el contribuyente y la entidad.

La base máxima de deducción será de 60.000 euros anuales (la LPGE para 2018 aumentó esta cantidad de 50.000 a 60.000€ con efectos desde el 01-01-2018) y estará formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones suscritas.

Los requisitos de la entidad son:

-Debe tener la forma de Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima Laboral o Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral, y no estar admitida a negociación en ningún mercado organizado. Este requisito deberá cumplirse durante todos los años de tenencia de la acción o participación.

-Deberá ejercer una actividad económica que cuente con los medios personales y materiales para el desarrollo de la misma. En particular, no podrá ser esta la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, en ninguno de los períodos impositivos de la entidad concluidos con anterioridad a la transmisión de la participación.

-El importe de la cifra de los fondos propios de la entidad no podrá ser superior a 400.000 euros en el inicio del período impositivo de la misma en que el contribuyente adquiera las acciones o participaciones.

-Cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, el importe de los fondos propios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo.

Las acciones o participaciones en la entidad deberán adquirirse por el contribuyente bien en el momento de la constitución de aquella o mediante ampliación de capital efectuada en los tres años siguientes a dicha constitución y permanecer en su patrimonio por un plazo superior a tres años e inferior a doce años.

La participación directa o indirecta del contribuyente, junto con la que posean en la misma entidad su cónyuge o cualquier persona unida al contribuyente por parentesco, en línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado incluido, no puede ser, durante ningún día de los años naturales de tenencia de la participación, superior al 40 por ciento del capital social de la entidad o de sus derechos de voto.

Que no se trate de acciones o participaciones en una entidad a través de la cual se ejerza la misma actividad que se venía ejerciendo anteriormente mediante otra titularidad.

Para la práctica de la deducción será necesario obtener una certificación expedida por la entidad, indicando el cumplimiento por la entidad de los requisitos señalados anteriormente en el período impositivo en que se adquieran las acciones o participaciones.

La deducción de los gastos de suministros de la vivienda y de los gastos de manutención incurridos en el desarrollo de la actividad para los autónomos

La nueva Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo introdujo a partir de 2018 en la Ley del IRPF una nueva regulación relativa a los gastos deducibles de los rendimientos netos de las actividades económicas en estimación directa: gastos por suministros de electricidad, gas, agua y telecomunicaciones (telefonía e Internet) cuando el empresario o profesional ejerza su actividad en su propia vivienda habitual y gastos de manutención del titular de la actividad.

En cuanto a la deducibilidad de los gastos de suministros de la vivienda vinculada a la actividad económica, se considerará como gasto deducible para la determinación del rendimiento neto en estimación directa los gastos de suministros de dicha vivienda, tales como agua, gas, electricidad, telefonía e Internet, en el porcentaje resultante de aplicar el 30% a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, excepto que se pruebe un porcentaje más alto o inferior.

Además, los autónomos podrán deducir para la determinación del rendimiento neto de la actividad económica en estimación directa los gastos de manutención que cumplan los siguientes requisitos:

-Ser gastos del propio contribuyente.

-Realizarse en el desarrollo de la actividad económica.

-Producirse en establecimientos de restauración y hostelería.

-Deberán abonarse utilizando cualquier medio electrónico de pago.

-Con los límites cuantitativos establecidos reglamentariamente para las dietas y asignaciones para gastos normales de manutención de los trabajadores, esto es, con carácter general, 26,67€ si el gasto se produce en España o 48,08€ si es en el extranjero, cantidades que se duplican, a su vez, si se pernocta como consecuencia del desplazamiento.

No se exige que el gasto se realice en una localidad diferente a aquella en la que se encuentra el centro de trabajo o el domicilio, por lo que este no es un requisito que deban cumplir los empresarios y profesionales a estos efectos. Se deberá justificar el gasto mediante la correspondiente factura y se deberá también probar su vinculación con el desarrollo de la actividad y su correlación con los ingresos.

Esta limitación del gasto deducible a efectos del IRPF va a tener repercusión a efectos del IVA, pues en este impuesto solo se admite la deducción de las cuotas soportadas en comidas cuando los gastos sean deducibles en el IRPF o en el Impuesto sobre Sociedades. Por tanto, a partir de 2018 las cuotas soportadas solo son deducibles sobre la base que tenga la consideración de gasto deducible en el IRPF, aun cuando la factura sea de un importe mayor.

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