Las viviendas en venta o en alquiler deben contar con un certificado de eficiencia energética. Las sanciones pueden llegar hasta los 6.000 euros. Y eso es así desde que el Gobierno aprobara en abril un real decreto que establecía esta obligatoriedad.
Desde entonces el negocio en torno a la certificación energética ha crecido como la espuma. Juan Castillo, arquitecto de profesión, supo de la existencia de esa obligatoriedad por un amigo que le contó un año antes que el Ejecutivo trabajaba en el tema: “Compré el dominio Certificadosenergeticos.com y el pasado mes de diciembre vi en Google que estaba subiendo mucho el tráfico y las búsquedas en torno a esa temática y comencé el proyecto”, recuerda Castillo, que ya cuenta en su directorio web con 1.500 certificadores. “Con nuestros conocimientos, seleccionamos a los profesionales que demuestran tener la formación y la experiencia previa adecuada para realizar una correcta certificación. Estos técnicos son capaces de aportar sugerencias de mejora para la rehabilitación energética de las viviendas”.
