La economía social aporta 4.000 millones de euros

Un estudio de la Confederación Empresarial Española de Economía Social afirma que las empresas que siguen este modelo de gestión aportan unos 4.000 millones de euros anuales a la cohesión social y territorial de España.

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Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES).

Las empresas de economía social aportan a la cohesión social y territorial unos 4.000 millones de euros anuales, según el estudio El impacto socioeconómico de los principios de las empresas de economía social, realizado por la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES).

Para Juan Antonio Pedreño, presidente de esta institución, que integra a más de 45.000 empresas, 2.350.000 empleos y una facturación que ronda los 100.000 millones de euros, “todos estos datos constatan la solidez del sector y la necesidad de que las empresas de economía social sean uno de los protagonistas del nuevo modelo productivo que se pretende construir. La apuesta del este sector empresarial por generar una economía basada principalmente en las personas, en la calidad y estabilidad en el empleo, la competitividad, el desarrollo local, el espíritu emprendedor, la solidaridad o la innovación, queda avalada por este informe pionero y revelador de la aportación de este tipo de empresas en el actual contexto socio económico”. Para Pedreño, la Ley 5/2011 de Economía Social va a contribuir a visualizar este modelo de empresa, “cuyas características y principios de funcionamiento, si bien se han analizado ampliamente desde diferentes disciplinas, ha sido difícil traducirlos a efectos cuantificables y valorables”.

El objetivo del estudio, en el que ha colaborado Abay Analistas Económicos y Sociales, era esbozar un análisis del impacto socioeconómico de las entidades de economía social dentro de España. Para ello se ha utilizado como fuente estadística la Muestra Continua de Vidas Laborables, que cuenta con información de 1,2 millones de personas y que elaboran la Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Tributaria y el Padrón Municipal.

Según CEPES, el estudio contempla unos beneficios directos de unos 2.845 millones de euros anuales, que provienen de las rentas netas generadas y percibidas por familias, empresas y administraciones públicas vinculadas a la contribución de estas empresas a la cohesión social. “Los beneficios indirectos a la cohesión social, que se corresponden con el gasto que no se ha realizado gracias al comportamiento diferencial de las empresas de economía social, se cifran en 560 millones de euros anuales. Lo que implica que los beneficios totales, directos e indirectos, asociados a la contribución a la cohesión social ascienden a 3.405 millones de euros anuales”.

En el caso de la cohesión territorial, el estudio destaca que los beneficios directos ascienden a 393 millones de euros, de los que la mayor parte son las rentas salariales netas de los trabajadores y el resto corresponde a la recaudación fiscal por IRPF y por cuotas a la Seguridad Social. “A esas cifras se añaden otros 132 millones de euros en beneficios indirectos, correspondientes al ahorro de prestaciones contributivas y asistenciales ligadas a las situaciones de desempleo. Por lo tanto, los beneficios totales correspondientes al eje de cohesión territorial se cifran en unos 525 millones de euros anuales”.

El citado informe también recoge un ejercicio de simulación sobre qué pasaría si las empresas de economía social perdiesen sus principios y pasaran a comportarse como empresas ordinarias, adoptando los valores medios de éstas últimas. Así, los resultados de este supuesto cambio serían: “Cerca de 158.000 trabajadores de algún colectivo con dificultad de acceso a la ocupación perderían su empleo. De ellos, 84.403 serían trabajadores con discapacidad, 1.622 trabajadores en riesgo de exclusión social, 6.635 trabajadores mayores de 55 años, 3.664 mujeres mayores de 45 años y 61.562 trabajadores de baja cualificación”.

Además, “un importante número de trabajadores vería modificadas sus condiciones de trabajo: unos 6.800 trabajadores (no incluidos en los colectivos del punto anterior) se verían obligados a cambiar su jornada completa actual por una jornada parcial no deseada y cerca de 156.000 trabajadores verían reducido su salario”.

Siguiendo con esa simulación, “al año, cerca de 10.500 trabajadores que han disfrutado periodos continuos de empleo en la economía social pasarían a tener una o más experiencias de desempleo. Un número importante de trabajadores se vería afectado por aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades en la empresa: más de 4.100 empleados pertenecientes a colectivos habitualmente infra representados en los puestos más altos de las empresas (mayores de 55 años, con discapacidad o mujeres) dejarían de ocupar estos puestos”.

El estudio advierte que si se anulase la oferta de la economía social de determinados servicios sociales o de interés social, “es decir, si su interés por estos servicios fuese similar al de las empresas ordinarias, en torno a 1.000 empresas, que ahora prestan servicios para personas mayores y personas con discapacidad, y cerca de 2.500 empresas del ámbito de la educación y de otros servicios sociales (que incluye las guarderías) desaparecerían, afectando de forma importante tanto al nivel como a la diversidad en la oferta en esta actividades”.

Por último, subraya dicho estudio, si las empresas de economía social se comportasen como empresas ordinarias a la hora de elegir su ubicación geográfica "se perderían unos 59.000 puestos de trabajo en las zonas rurales y la población residente en estas zonas probablemente se reduciría en unas 102.000 personas".

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